Cuando se dio inicio al proceso de descentralización en el Perú, —conocido en ese entonces como regionalización— los argumentos del típico político centralista se cimentaban en la falta de criterio, en la inmadurez provinciana y su poca preparación financiera para enfrentar sus propios destinos. Por sus declaraciones, era evidente que su temor se veía justificado en que esos fondos, hasta ahora a disposición en la capital, se colara por las alcantarillas que discurrían hacia canales del "Perú profundo". En contraparte, quienes iban a favor sostenían que era necesario seguir adelante, que en el camino el "provinciano" aprendería a labrar su propio futuro.

Aunque no por claras motivaciones, al primero de estos, vista la situación actual, habría que darle la razón por lo acertado de su mal augurio. El detalle reside en un añadido más, su justificancia ética.

Roger Grandez, economista de carrera, tras últimas publicaciones ha actualizado el panorama en Loreto que data de hace más de veinte años. Por la proyección concluyente de su trabajo diera la impresión que sucede similar situación en todas las demás regiones del Perú. Noticia tras noticia, las causas son la mismas: ineficiencia de gasto, malversación de fondos; corrupción e ineptitud, es decir.

El origen del "desastre" se da en 2002 con la ley 27783, Ley de Descentralización. Allí se patentó un «Manual de consecuencias de una muy buena idea, pero ejecutada de la peor manera posible», como señala el economista. De hecho, dado el pistoletazo de salida, esta ley se ha vuelto un mecanismo de corrupción y corrosión política, siempre en expansión.

En poco más de dos décadas, en Loreto se han desembolsado casi 18 mil millones de soles. Dinero a granel que no llega a donde tendría que llegar, brechas que son hondamente más visibles que antes. Es paradójico que mientras más recursos se recibe, más fracturas sociales se abren. Aquí la parábola es que la nueva falsa riqueza de Loreto es la causa de su desgracia. Así se entiende las calamitosas escuelas, las postas y hospitales desabastecidas de medicinas y equipos, lo falente de los servicios de agua, luz y alcantarillado, la dilación interminable de obras públicas. Solo para centrarnos en un pasado reciente, en estos tres últimos tres años el acumulado en malversación de fondos suma 1238 millones de soles.

Y a fin de que se entienda a detalle, en 2023 se perdían mensualmente poco más de 27 millones de soles; finalizado el 2025 la cifra ascendió a casi 53 millones por mes. Y para darse idea gráfica de cuánto dinero se arroja al río, dinero que es recogido por estos "pescadores" de lo ajeno, la escala de robo asciende a 2 millones de soles diarios. Cada día una cúpula se embolsilla dos millones de soles. Este presupuesto público se convierte en patrimonio personal. Tan claro como evidente, e indignante, además.

De vuelta a la génesis del problema, es forzoso preguntarse, ¿valió la pena un pendiente que desde los años 80 se sometía a debate en la Cámara de Senadores en los tiempos de Belaunde si se considera el actual diagnóstico? Más tarde, durante el primer mandato de Alan García Pérez se impulsó este proceso que terminaría congelado durante el largo gobierno repetido del régimen fujimorista.

La respuesta es que «Era inevitable como necesario acercar el poder a la gente». Y parte fundamental se justifica en que cada región tuviera y manejara sus propias arcas. Así, puesta en vigor la Ley de Descentralización, desde el 2003, se han sucedido cinco (5) gobernadores —dos de ellos estuvieron o están en prisión—y trescientos dieciocho (318) alcaldes, quienes han sido y son los destinatarios de estos fondos, aunque en muchísima mayor medida las cabezas regionales. Aquí se explica la masiva participación de candidatos cada cuatro años; candidatos que quedaron sin corona edil o de gobernatura, pero que porfían en nuevo proceso electoral por razones obvias.

Otra de las respuestas de por qué este proceso ha resultado fallido se debe a que la transferencia de presupuesto a cada región constituía la segunda fase dentro de este proceso de autonomía y desarrollo regional. «Lo primero que debió hacerse fue fortalecer los mecanismos de control, locales». Y algo tan pilar como el anterior, fomentar el periodismo de investigación (y su profesionalización), lo cual dispararía en una participación de vigilancia ciudadana.

Tenemos así, en contraparte, un sistema fallado de supervisión. El trastocamiento de estos pasos ha sido el caldo de cultivo para un vacío de poder que fue tomado por estas redes locales; una "casta política" que se ha vuelto más peligrosa y descarada a medida que han ido controlando el presupuesto público, aceitado funcionamiento de este engranaje de la corrupción.

Estos "señores" han debilitado nuestras esqueléticas instituciones, han destruido la confianza de la gente en la política. Se suponía que el objetivo era resolver los problemas de las ciudades y de la región. Se sabe que la clase política ha mutado a capturar recursos públicos para beneficio de unos cuantos. No existe más ideología, proyecto Loreto, visión Región, la del Frente de Defensa de Loreto o el mismo Frente Patriótico de Loreto con sus ciudadanos honorables como Antonio D'onadio Lagrotte. Decadencia moral, le llaman. Con presupuestos capturados, mantienen el control de todo el ciclo administrativo. Y es que claro, al haber casi nulo control, es posible andar sin freno.

Terminamos con este dato. Por malos manejos, cada año se pierde más dinero que el anterior. Y la tendencia es al alza. Obedece esto a un sistema de corrupción que se ha perfeccionado. ¿Cómo se rompe este ciclo, entonces, si hay un vacío de poder y de control? La respuesta no puede ser verborreica. Es compleja, y demandará artículo aparte por sus implicancias económicas, políticas y sociales. Pero desde nuestras tribunas de simples ciudadanos, que es mucho y es todo, cada pequeño gesto de oposición y rechazo a estos actos vale.

En 2023, desaparecieron en el camino 332 millones de soles. Al año siguiente la cifra mágica fue de 429 millones. El año pasado, directa o indirectamente, 476 millones han ido a parar al patrimonio personal de quienes integran este ecosistema de apropiación ilícita.

No es poquita cosa, ¿no?