Mañana a las 4 de la tarde en más de diez ciudades del Perú se reunirán jóvenes, no tan jóvenes, adultos, profesionales, amas de casa, y quienes puedan estar presentes en los diez puntos de encuentro en Lima, Arequipa, Pucallpa, Huancayo, Cusco, Huánuco, Madre de Dios, Ica, Chiclayo, Huaraz y Piura, para protestar y exigir la derogatoria a la Ley Forestal (la ley Antiforestal, mejor dicho) aprobada entre gallos y medianoche por el Congreso. Para los loretanos y quienes poblamos estos territorios, el punto de reunión será la Plaza 28 de Julio en la ciudad de Iquitos.

Se sabe que además del exceso cometido –como ha señalado alguien, «esta vez han ido demasiado lejos»–, por la forma en cómo fue aprobada esta ley, al caballazo, violando una serie de procedimientos legislativos, omitiendo fases en los canales legales, congresistas que pertenecen a este lobby se encuentran en planes viajeros propalando falsedades sobre los beneficios de esta la mencionada ley de marras.

Citamos lo aparecido en el Diario Página 3: «[ …] algunas congresistas están realizando giras en defensa de la ley antiforestal con mentiras groseras. Las más repetidas son que la ley beneficia a agricultores al darles seguridad jurídica a su posesión y que les permite exportar a países que exigen productos sin deforestación».

La ley Forestal y de Fauna Silvestre no es nueva, existe desde julio del 2011, fue promulgada en el segundo gobierno de Alan García, pero –tras estas movidas congresales que aprobó la ley 31973– ha sufrido modificatorias ostensibles. Básicamente el asunto se resume en que la categorización de cuáles son los “bosques de producción permanente” pasan de responsabilidad del Ministerio del Ambiente a manos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Los expertos en la preservación del medio ambiente y ecología sostienen que este ministerio carece de una visión integral que considere la biodiversidad y los ecosistemas como prioridades, ni siquiera son preocupaciones de segundo orden, pues sus asuntos giran en torno a actividades agrícolas y ganaderas, algo así como meter a un niño en un cuarto repleto de golosinas sin la supervisión de un adulto.

Para José Manuyama, activista ecológico, lo que buscaron sus promotores, con esta ley, fue «limpiar a las grandes empresas que han cometido delitos ambientales».

Esta estocada a los bosques amazónicos perpetrada por el Congreso se dio pese a la posición en contra de la Defensoría del Pueblo, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), de los 8 obispos de la Amazonía Peruana y de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y al menos de un ministerio del Estado (en la PCM, las visiones entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, por un lado; y el Ministerio del Ambiente, por otro, se encuentran en los extremos como los son los intereses particulares de los colectivos). Hasta el diario El Comercio cuya línea editorial es de las liberales ha cubierto la información con cierta dosis de alarma.

Van alrededor de 9 millones de hectáreas deforestadas por expandir la frontera agrícola. Digamos que la única mirada son los “criterios productivos”, y es el bosque que queda inerme y desprotegido por intereses inmediatos y cortoplacistas. Las modificatorias dadas se traducen en 150 mil hectáreas por año que serán deforestadas. «Sin estudio técnico se dejará el derecho de convertir zonas boscosas en parcelas agrícolas», se lee en el portal francés de Envol Vert.

Según el ex fiscal sobre temas ambientales Yusen Caraza Atoche con este acto, es decir, con los cambios hechos a esta ley, se abre las puertas de par en par para que se incremente la deforestación en el país. Mientras que las embajadas de Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega han firmado un comunicado en conjunto donde expresan su preocupación ante la firma de esta norma, y mientras que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para perseguir los delitos ambientales y defender los ecosistemas ante posibles amenazas, el Congreso aprovechó la coyuntura política de desproporciones en los poderes del Estado para debilitar el control ambiental.

«A diferencia de una ley que regula procederes de actores interesados, aquí, por el contrario, se busca que la ley se adapte a las pretensiones de empresas cuestionadas», sostiene Manuyama. «El fin es el de negociar con los grandes mercados», añade.

«El Estado está teniendo una visión anti protección del medio ambiente», agrega, por su parte, el ex fiscal ambientalista. «La aprobación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre con varias modificaciones otorga validez a los cultivos que ocasionan deforestación».

«¿Qué se puede hacer de aquí en adelante?», se pregunta. «Con esas modificatorias va haber muchos casos de siembra de monocultivos que se encontraban congelados por investigación a nivel nacional. El Estado hace lo contrario, viola las leyes, las modifica, premia al funcionario que ha atentado contra la Amazonía y que está investigado. Tenemos un mal presentimiento de lo que vaya a ocurrir más adelante con la protección del medio ambiente, nos preocupa sobremanera».

Dentro de lo malo, lo bueno. Sectores vinculados al activismo ecológico creen que la presión no ha disminuido desde que la ley se aprobó la noche del 14 de diciembre, cuando por insistencia las modificatorias a los artículos 29 y 33 de esta ley fueron aprobadas. La presión continúa, muchas organizaciones siguen reaccionando. Los Gobiernos Regionales de Amazonas y San Martín lo han hecho sin medias tintas. Y, por el contrario, pareciera que el homólogo de estos, en Loreto, sabe sobre el tema, pero no se oye padre. Igual, la lucha continúa, depende y dependerá de los colectivos. Y una parte de esta batalla es el 6 de marzo del 2024, 4 de la tarde, en la Plaza 28 de Julio de Iquitos. Motivo: La derogatoria de la Ley Antiforestal. ¡Es más que importante estar presentes!