Tres cuencas rodean la ciudad de Iquitos propiamente dicha; la del Napo, la del Putumayo y la del Nanay. Sobre estas tres cuencas es donde la minería ilegal se ha asentado para continuar una actividad sumamente lucrativa que tiene como antecedente lo que acontece en Madre de Dios. Tal es así que la minería ilegal en Perú –como actividad ilícita que rinde cuantiosos dividendos– se ubica ya por encima del tráfico ilícito de drogas, de la corrupción de funcionarios, y del tráfico de fauna silvestre, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Van ya treinta y tres líderes indígenas, la mayoría de estos guardianes del bosque, que han sido asesinados por haber denunciado el daño al frágil ecosistema en el que viven. Favorece la impunidad y lo luctuoso de estos hechos la marginalidad de la zona, y la poca presencia del Estado.

En lo que va del año, veinticinco de estas dragas han sido destruidas –apenas estamos en febrero– en la cuenca del Nanay. Pero es curioso, en este tipo de operativos se bombardean dragas, pero no hay detenidos; más que al parecer, el poder del dinero y el de la corrupción en instancias fiscales y policiales hace que se filtre la información, previo a la ejecución del operativo.

En estas cuencas, a diferencia de Madre de Dios, donde se lleva a cabo el típico procedimiento de deforestación cuando se trata de extraer oro; el cual comprende la instalación de campamentos, seguido de un proceso amplio de tala ilegal, aquí, en Loreto, el proceso de extracción se da en el mismo río, consecuencia que afecta directamente la contaminación de las aguas del Nanay y al delicadísimo ecosistema que está detrás.

Todo lo anterior son declaraciones vertidas a Pro&Contra del ex fiscal ambiental, Yusen Caraza. Caraza Atoche sostiene además que este dinero ingresa de manera ilegal a las joyerías y no se realiza ningún operativo. «Es la forma más fácil de lavar dinero. No hay operativos hasta la fecha –agrega– que haga ver la trazabilidad del oro que llega hasta las joyerías de la región Loreto».

Tanto las declaraciones de Yusen Caraza, este abogado ambientalista, las denuncias de José Manuyama y del Comité del Agua del que forma parte, la proyección, en 2023, de La Pampa, película de Dorian Fernández, cuya trama toca la trata de personas; una historia de ficción basada en hechos reales, tiene como correlato el mundo de la minería ilegal en Madre Dios, y asimismo, la proyección del documental Pisar suavemente la tierra del cineasta brasileño Marcos Colón que «describe los engranajes del Estado y de las empresas que destruyen la vida y desencadenan la muerte en la región amazónica», nos hacen ver y escuchar que el problema existe y que la denuncia –cada uno desde sus tribunas– es más que preocupante, no en exclusiva por el presente y la coyuntura que para el grueso de la ciudadanía de Iquitos le es invisible por el momento, sino porque esta se exponenciará –y lo ha estado haciendo, y lo está haciendo silente– si no se actúa con la firmeza que amerita. Aunque hay que admitir que por la realidad del asunto y el rehuir de la palabrería y de la retórica declarativa «es un monstruo grande que pisa grande y pisa fuerte».

Imaginemos que estas cuencas, las que el abogado Yusen Caraza, al inicio de este artículo mencionaba, las que rodean la ciudad de Iquitos, propiamente dicha, las cuencas del Nanay, de Napo y del Putumayo se volvieran tenazas de toxicidad vertidas a sus aguas.

Para entender la magnitud del daño, según informe del diario El Comercio, se requiere, al menos, dos gramos de mercurio para conseguir un gramo de oro. Cada una de las dragas que operan en Alto Nanay pueden obtener entre 80 y 100 gramos de oro por jornada; lo cual arroja la cifra de entre 160 a 200 gramos por draga derramadas al río de uno de los metales más tóxicos que existen. Si consideramos que las veinticinco dragas que han sido siniestradas durante los operativos de la fiscalía desde enero de este año, hablamos de alrededor de 4 a 5 kilos de mercurio que se arrojaban durante cada jornada a las aguas del Nanay, aguas que arriban a los quinientos mil habitantes de Iquitos en modo “agua potable”, y en las diferentes especies de peces que se consumen en la ciudad.

La semana pasada, por su parte, el ex canciller durante el gobierno de Fujimori, Francisco Tudela, habló sobre la importancia del puerto de Chancay. «Este puerto está dentro de una producción de la China hacia los mercados de commodities en el Perú y en América Latina», dijo. «La China es un gran comprador de minerales […]. El puerto de Chancay va permitir abastecer al potencial industrial de la China con los recursos del Pacífico de la Costa de América del Sur».

Opinión y difusión aparentemente aislada y en desconexión con el tema tratado en estos párrafos, pero es obvio que al gigante asiático no está para un proceso de filtros de si este oro proviene de una extracción con ribetes legales o lleva el marchamo de la minería ilegal de un Perú histórico por demás informal. De hecho, circulan informes donde se leen nombres de cuestionadas corporaciones (suizas, italianas, chinas, etc.) de procederes turbios en Bolivia, en Sierra Leona, y otros países “mineros”. «En la pequeña y artesanal minería, en una barra de kilo puede haber oro de diversos lugares que se funden, se mezclan». Esta frase resume la realidad de un sector de la minería en Perú. Y si bien hay mecanismos a nivel de comercio internacional, estas se adaptan para contextos más ordenados.

La Amazonia a lo largo de su historia ha sido y es un territorio inerme y las consecuencias al medio ambiente por este extractivismo salvaje resultan incuestionables, extractivismo salvaje que es imperioso detener.